El gobierno puede seguir adelante con una demanda que acusa a cinco empresas de Arizona de participar en el tráfico de armamento a cárteles de droga del país.
Una jueza estadounidense dictaminó que el gobierno mexicano puede seguir adelante con una demanda que acusa a cinco empresas vendedoras de armamento de Arizona de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles de droga del país.
La jueza federal de distrito Rosemary Márquez, en Tucson, rechazó los argumentos de que una ley estadounidense que proporciona a la industria de armas de fuego una amplia protección contra demandas por el mal uso de sus productos bloqueaba el recurso de México contra los traficantes.
Los distribuidores -Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc- argumentaron que la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) los protegía de la demanda que México presentó en 2022.
La jueza dijo que México hace afirmaciones plausibles que están exentas de la protección PLCAA, incluyendo que las cinco empresas violaron varias leyes estadounidenses relacionadas con armas de fuego, causando daño a la nación.
México alegó que los comerciantes de armas facilitaron el tráfico de armas de asalto de estilo militar como el AR-15 y municiones a los cárteles mediante prácticas imprudentes e ilegales, incluida la venta de armas de fuego a compradores testaferros que las adquirían ilegalmente estos productos para terceros.
Si bien la jueza permitió que gran parte de la demanda avanzara, desestimó varias de las reclamaciones legales individuales de México, incluida la acusación de que las empresas violaron la ley estadounidense contra el crimen organizado y causaron perjuicios públicos.
Abogados de México, incluido Jonathan Lowy, presidente del grupo de defensa del control de armas con sede en Estados Unidos Acción Global por la Violencia Armada, dijeron que esperaban afianzar su caso en los tribunales.
“El fallo de hoy es un gran (paso) para responsabilizar a la industria de las armas por su contribución a la violencia armada y para detener la avalancha de armas que se trafican hacia los cárteles”, dijo Lowy en un comunicado.
Los abogados defensores no respondieron a las solicitudes de comentarios.
México demandó a las firmas de Arizona días después de que un juez federal de Boston desestimó otro recurso de 10,000 millones de dólares que presentó en 2021 para responsabilizar a varios fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de armas a través de la frontera común.
En enero, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reabrió esa demanda contra los fabricantes, que tienen previsto solicitar una apelación ante la Corte Suprema.
