La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no existe impedimento alguno para que la Ministra María Estela Ríos presente al Pleno el proyecto de sentencia y participe en el debate sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México.
Se trata de la forma en que será acatada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que el 25 de enero de 2023 condenó a México a eliminar dicha medida cautelar de su legislación, en uno de los casos más relevantes de los últimos años.Por unanimidad y a propuesta del Ministro presidente, Hugo Aguilar, los integrantes del Pleno determinaron que las manifestaciones que Ríos hizo como consejera Jurídica del Presidente Andrés López Obrador, en favor de aplicar esa medida cautelar en algunos casos, fueron con motivo de su encargo y no a título personal.La exclusión de la Ministra fue solicitada porque el 24 de agosto de 2022, junto con el entonces Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Ríos emitió un comunicado en calidad de Consejera Jurídica del Ejecutivo, en el que solicitó a la Corte hacer prevalecer la prisión preventiva oficiosa a la hora de votar un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad.
“Si bien el referido comunicado fue firmado por la Ministra, lo cierto es que lo emitió en ejercicio de las facultades del cargo que ostentaba como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, pero no a título personal”, dijo el Ministro presidente.”No se actualiza un posicionamiento previo respecto de un asunto que todavía no se había resuelto por la Corte Interamericana y mucho menos radicado ante esta Suprema Corte, pues el comunicado se emitió el 24 de agosto de 2022, mientras que la sentencia internacional se dictó el 25 de enero de 2023 y el expediente de recepción de sentencia se radicó hasta el 26 de abril de 2023.”De modo que a la fecha en que se emitió el comunicado no se conocía el sentido de la sentencia del tribunal internacional ni la materia del expediente de recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023″.El impedimento que ahora ha librado María Estela Ríos fue presentado en septiembre pasado por Daniel García Rodríguez, el mexicano encarcelado 17 años sin condena por presunto asesinato, y el colectivo civil “Pena Sin Culpa”.Esta tarde el colectivo “Pena Sin Culpa” calificó de preocupante la resolución de la Corte, porque evidencia su alineación con los intereses del Poder Ejecutivo Federal, al pasar por alto un conflicto de interés.”La resolución es contraria a los precedentes de la Suprema Corte y perfila una gestión de Hugo Aguilar en la que las y los ministros abiertamente cercanos al Poder Ejecutivo no solo no se excusan y se les releva de dicha obligación legal, sino que no se les declara impedidos a pesar de conocer de asuntos en los que hayan participado o prejuzgado”, dijo el colectivo.”El tratamiento del caso con decisiones relevantes tomadas en sesiones privadas, la demora en atender las solicitudes de audiencia de las víctimas y la conducción del conflicto de interés de la ministra Estela Ríos evidencian la alineación a la postura política del Poder Ejecutivo en este tema, comprometiendo gravemente la institucionalidad de la Suprema Corte, su independencia como poder del Estado y su papel de garante de los derechos humanos y el orden público interamericano”.
