Ratifican esta semana las denuncias por cambio ilegal de uso de suelo en los cultivos de aguacate e incumplimiento en los acuerdos ambientales productivos del T-MEC en materia ecológica. A casi tres meses de la primera queja, se presentaron los argumentos y pruebas de la devastación ambiental provocada por la fiebre del también llamado “oro verde”, así como de las omisiones generales para abordar con seriedad el tema de parte de los distintos niveles de gobierno.
La Comisión para la Cooperación Ambiental del T-MEC, la encargada de recibir la denuncia, la había observado, argumentando que antes de llegar a ellos los quejosos deberían agotar instancias locales; les dieron tiempo para contestar, según los requerimientos que mandata la resolución de controversias, pero no hubo acciones positivas para contrarrestar la querella.
Finalmente, los quejosos enviaron al organismo internacional pruebas de que todos los poderes del Estado y órdenes de gobierno han sido y continúan siendo omisos en combatir el cambio ilegal de uso de suelo provocado por la siembra desbordada e incluso ilegal de aguacate.
Los quejosos señalaron que existe evidencia suficiente para demostrar que las autoridades ambientales en México Semarnat, Profepa, Conafor y Conagua (además de la Sader en cuanto autoridad promotora de la producción del aguacate) han estado enteradas desde hace varios años e incluso por distintas vertientes de la problemática ambiental por la falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales en la producción de aguacate en Michoacán y no han dado respuestas o atención adecuada a la misma.
Asimismo, se destaca que el daño a esos bienes ambientales afecta directamente el derecho humano a un medioambiente sano, no sólo del peticionario, sino de millones de michoacanos que por razón a su lugar de residencia proximidad con el acto perjudicial al ecosistema tienen un interés legítimo, es decir una afectación cualificada, real y jurídicamente relevante.
